El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este martes un gran espaldarazo a Donald Trump al bendecir su polémico veto migratorio para siete países, cinco de ellos de mayoría musulmana, por no considerarlo discriminatorio ni un exceso de poder presidencial. La mayoría conservadora del alto tribunal, con cinco votos a favor y cuatro en contra, ha permitido resolver a favor del presidente la que ha sido una de sus principales cruzadas desde que llegó a la Casa Blanca. Demócratas y organizaciones de derechos civiles han protestado.
El 27 de enero de 2017 la nueva Administración desató un caos en los aeropuertos y una ola de protestas al aprobar el veto de entrada durante 120 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana(Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen) con el argumento de la seguridad nacional. Para los sirios, el veto era indefinido.
En la victoria judicial de Trump ha resultado clave la mayoría conservadora del Supremo, asegurada en 2017 después de que el presidente republicano, ya instalado en la Casa Blanca, nominase a Neil Gorsuch. Este jurista relevó a Antonin Scalia, el juez fallecido en febrero de 2016, cuando todavía faltaba casi un año para que Obama dejara la presidencia. Los republicanos bloquearon en el Congreso la nominación del juez Merrick Garland, propuesta por Barack Obama, y dejaron el campo libre para que un futuro presidente republicano pudiera elegir al nuevo juez del Supremo.
El argumento de la Administración estribaba en que la decisión no atendía a la religión, sino al peligro para la seguridad nacional, la fiabilidad de los pasaportes o la fluidez en el intercambio de información sobre sospechas terroristas y antecedentes criminales, entre otros. Para las asociaciones de derechos civiles, sin embargo, supone una limitación desproporcionada, basada en prejuicios islamófobos y que a la postre afecta a más de 100 millones de personas.
El Supremo ya había dado oxígeno al veto migratorio de Trump antes de la resolución final. El pasado junio aceptó el caso y, mientras resolvía, levantó la suspensión temporal del grueso de aquella normativa. La conocida como tercera versión del veto, también paralizada por jueces de primera instancia, entró en vigor en diciembre por decisión del alto tribunal.
El Pais
